El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, se han reunido hoy con los operadores jurídicos de Vélez-Málaga para impulsar el desarrollo de la nueva Oficina Judicial en esta localidad, que supondrá una notable mejora en la organización del trabajo y la calidad del servicio que se ofrece a la ciudadanía.
“Se trata de un proyecto muy importante para la justicia en Andalucía, porque supone un decisivo avance cualitativo en la reorganización de los recursos humanos, permitiendo el desarrollo de un nuevo modelo de trabajo, más ágil, eficiente y racional”, ha explicado el consejero.
Según De Llera, con este nuevo modelo se descarga a jueces, magistrados y fiscales de labores meramente organizativas para que se centren en su labor judicial, y se facilita una reorganización del trabajo que permitirá atender de forma más eficaz las altas tasas de litigiosidad que soportan los juzgados y mejorar los tiempos de respuesta en la tramitación de los procedimientos.
Básicamente, la nueva Oficina Judicial supone pasar de una estructura organizativa de compartimentos estancos a otra basada en servicios comunes que atiendan a todos o a varios órganos del mismo partido judicial, favoreciendo una redistribución más equilibrada y equitativa de las cargas de trabajo.
En septiembre de 2015, la Junta retomó el proyecto de implantación de la nueva oficina judicial en Vélez-Málaga y El Ejido (Almería) y la nueva oficina fiscal en Sevilla, con la aprobación de los proyectos de órdenes de implantación y las relaciones de puestos de trabajo y los contactos con las organizaciones sindicales.
Mantenimiento de refuerzos
El nuevo modelo mantiene el complemento específico de los puestos que incorpora los componentes retributivos especiales, favorece la carrera administrativa y asegura el mantenimiento de los refuerzos actuales hasta la consolidación del sistema.
Al respecto, el consejero ha valorado el proceso negociador que se ha desarrollado en las mesas sectoriales reunidas entre diciembre de 2015 y el primer semestre de 2016 y que culminaron con un acuerdo con las principales organizaciones sindicales del sector, CSIF, SPJ-USO Y STAJ, para iniciar la implantación de las nuevas oficinas judiciales de Vélez-Málaga y El Ejido y de las oficinas fiscales de Sevilla y Dos Hermanas.
A juicio del titular de Justicia e Interior, este acuerdo ha supuesto haber logrado el apoyo mayoritario para un proyecto que necesita la aceptación de los representantes de personal para que la implantación del nuevo modelo organizativo pueda llevarse a cabo con la máxima efectividad.
De Llera ha explicado que el acuerdo ha permitido desbloquear el procedimiento de tramitación normativa que se encuentra en fase de instrucción. De esta forma, ya se ha culminado el período de alegaciones, en el cual se han solicitado informes a diversos órganos y entidades, entre ellas el TSJA, así como a instancias representativas de colectivos cuyos intereses pueden estar afectados; y, además, se está tramitando la fase de informes preceptivos, solicitados a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, Consejo General de Poder Judicial y Consejo Fiscal.
Posteriormente, según el consejero, se procederá a la aprobación provisional por orden de la Consejería de Justicia e Interior y se culminará con la aprobación definitiva del Ministerio de Justicia.
Oficina judicial de Vélez-Málaga
En su intervención, De Llera ha destacado que la oficina judicial de Vélez-Málaga cuenta actualmente con un total de 48 empleados públicos de la Administración de Justicia, más otros tres de refuerzo. Una vez que esté implantada el nuevo modelo organizativo, este personal se organizará en cinco Unidades Procesales de Apoyo Directo (Upad), con un total de 22 funcionarios, y un Servicio Común Procesal de Partido Judicial con una Sección General y una Sección de Ejecución, con otros 26.
Además, dentro de este marco reorganizativo, la Consejería de Justicia e Interior tiene previsto convertir los puestos de refuerzos en puestos de trabajo de plantilla, siempre que las disponibilidades presupuestarias lo permitan.
