martes, abril 22, 2025
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La Inspección Pesquera de la Junta y la Guardia Civil decomisan 694 kilogramos de pescado ilegal

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  • image imageLa Inspección Pesquera de la Junta de Andalucía y la Guardia Civil han efectuado dos operaciones conjuntas en la que han sido decomisados un total de 694 kilogramos de pescado ilegal en Mercamálaga y en el mercado de Vélez-Málaga.

    El material incautado se compone de 30 kilogramos de pulpo; 50 kgs. de concha fina; 15 kgs. de coquina; 365 kgs. de chirla; 88 kgs. de salmonete; 50 kgs. de sardina; 40 kgs. de chanquete y un atún rojo de 56 kilogramos. El pescado y marisco incautado incumplía la normativa de pesca en diversos aspectos: trazabilidad, etiquetado y tamaño de los ejemplares (inmaduros).

    Ambas operaciones han supuesto la incoación de un total de 5 actas de infracción a transportistas. En el operativo ha sido intervenido un vehículo que ha sido trasladado a un depósito judicial.

  • El pescado decomisado que no cumplía la normativa de trazabilidad y etiquetado ha sido destruido, mientras que el resto de material incautado ha sido donado a Bancosol.

    El delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Javier Salas, ha resaltado el “daño biológico” que provoca en los recursos marinos la captura de especies que no alcanzan las tallas mínimas legales, así como el perjuicio que estas prácticas suponen para el sector pesquero que ejerce su actividad conforme a la normativa”.

    Javier Salas ha felicitado a los miembros del servicio de Inspección Pesquera de la Junta de Andalucía, encargado de las actuaciones de control de forma regular durante todo el año, “unas acciones que asimismo se intensifican especialmente durante el verano ante el incremento de la demanda de pescado por la época vacacional y la fuerte afluencia de turistas”. El delegado ha agradecido asimismo la colaboración de la Guardia Civil en ésta y en otras operaciones similares.

    Las sanciones previstas en materia de pesca, transporte, comercialización y consumo de pescado inmaduro van desde los 300 a los 60.000 euros al estar consideradas como infracción grave contra la normativa vigente en materia de pesca.

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