Andalucía reitera la necesidad urgente de proteger a las víctimas menores de edad ante una denuncia por violencia de género

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  • Más de 140 menores de edad han perdido en los últimos tres años en España a sus madres al ser asesinadas por sus padres como consecuencia de la violencia machista. Otros 14 niños y niñas, desde 2013, han muerto a manos de sus progenitores, como instrumento de maltrato hacia sus madres. Y miles de menores sufren cada día la violencia de género que se vive en sus hogares, con unas consecuencias psicológicas que quedan marcadas para toda la vida. La directora general de Violencia de Género, Ángeles Sepúlveda, ha subrayado estos datos para reiterar «la necesidad urgente» de que el Gobierno central en funciones se adhiera y haga suya la propuesta andaluza de Pacto de Estado para la Erradicación de la Violencia de Género, que plantea entre otras medidas urgentes la suspensión del régimen de visitas a los hijos e hijas para las personas denunciadas o condenadas por maltrato.Congreso VG menores

    La directora, que ha participado en Torrox (Málaga) en unas jornadas sobre ‘Violencia de género y menores víctimas’, ha subrayado la «especial vulnerabilidad» de las niñas y niños que, desde edades muy tempranas, «se exponen a la violencia de género en sus hogares, corriendo el riesgo de reproducir esos patrones o sufrir secuelas físicas o psiquicas que lastren el resto de su vida”. En este sentido, Sepúlveda ha recordado que «en la mayoría de los casos de violencia de género, detrás de la mujer víctima hay otras víctimas directas, menores, con identidad propia que están sufriendo de manera directa e indirecta esa violencia física, mental y sexual en algunos casos”.

    Por ello, ha destacado que Andalucía «las considera víctimas directas», con derecho a una atención integral, que se presta desde hace años en la comunidad, a través de la acogida y la intervención psicológica y psicosocial.

  • Pese a ello, la directora a considerado «imprescindible» la intervención estatal, de modo que «la red de protección sea homogénea en todo el territorio nacional» y que, sobre todo, «se pueda actuar y prevenir de manera cautela, poniendo por delante la protección de la infancia sobre el derecho como progenitor del presunto agresor».

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