El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado que la propuesta de la desescalada en Andalucía remitida al Gobierno central incluye que las ocho provincias andaluzas y 30 de los 33 distritos sanitarios evolucionen hacia la fase 1 de desconfinamiento.
Durante su intervención en la sesión de control del Parlamento andaluz, Moreno ha afirmado que la pandemia del COVID-19 está generando graves consecuencias no sólo en el ámbito sanitario, sino también en el ámbito económico y social, ante lo que ha abogado por estar alerta y seguir anticipándose para poder así, en la medida de lo posible, minimizar sus efectos y consecuencias en nuestra comunidad autónoma.
De esta manera, ha insistido en que en el ámbito sanitario el papel de la atención primaria va a ser clave en materia de prevención y detección ante lo que ha indicado que se van a mantener de forma extraordinaria algunas infraestructuras sanitarias que sean necesarias y que se seguirá contando mientras no haya vacunas con un Plan centinela para estar preparados en caso de que pueda producirse un nuevo brote.
Además, ha destacado las consecuencias que esta pandemia tendrá en el ámbito económico y también se ha referido a las importantes pérdidas de ingresos que ésta puede suponer para los comercios, los bares y restaurantes. Es por ello que ha resaltado algunas de las medidas aprobadas por el Gobierno andaluz como es la aprobación de una convocatoria de ayudas públicas por valor de 10,9 millones de euros destinadas fundamentalmente al pequeño comercio y que tiene como objetivo financiar actuaciones necesarias para afrontar con garantías el desconfinamiento.
Moreno, que también ha hecho alusión a otros sectores que se han visto afectados como es el del turismo, la automoción o la aeronáutica, ha asegurado que la salida de la crisis se debe hacer de la mano del sector privado y es que ha puntualizado que el principal problema de las empresas en esta crisis económica es la falta de liquidez.
Al respecto, ha especificado que el Gobierno andaluz ha movilizado 600 millones de euros en avales para pymes y autónomos y se ha reforzado con una nueva partida de 51 millones de euros para que las pymes, los autónomos y los mutualistas andaluces reduzcan al mínimo el coste de los préstamos.
El presidente andaluz, que ha incidido en que los autónomos son una prioridad para su Gobierno, ha manifestado que son 60.000 los autónomos y los mutualistas que se han beneficiado de la ayuda de 300 euros y ha destacado la puesta en marcha una nueva línea de microcréditos entre 9.000 y 15.000 euros para éstos.
Además, ha recordado que esta semana se ha aprobado un Plan de activación de la obra pública, ante lo que ha puntualizado que Agricultura licitará 375 contratos de infraestructura hidráulica y movilizará 575 millones de euros que crearán 8.500 empleos directos.
En relación con las consecuencias que la crisis sanitaria del coronavirus puede suponer en el ámbito social, ha afirmado que esta pandemia está afectando especialmente a las personas en situaciones de mayor vulnerabilidad, riesgo o exclusión social y ha hecho referencia a la activación de una prestación extraordinaria para ampliar la renta mínima que contará con un presupuesto de 10,5 millones de euros y de la que se podrán beneficiar 4.200 familias durante cinco meses. “En total, hemos movilizado para la renta mínima de inserción social en Andalucía un presupuesto de 20 millones de euros con el objetivo de beneficiar a 11.000 familias andaluzas”.
Ante esta situación, Moreno ha instado a todas las fuerzas políticas a aunar fuerzas y a trabajar para poder salir de esta situación lo antes posible y ha abogado por la necesidad de una Alianza por Andalucía porque, según ha dicho, “ésta debe ser en instrumento que sumen a todos porque sólo desde la unidad se puede vencer al virus”.
Al respecto, ha argumentado que con esta Gran Alianza se trabajará en seis ejes distintos entre los que se encuentran el ámbito educativo con iniciativas como el aumento de la inversión tecnológica, el de la integración social con medidas como el refuerzo de la atención a la dependencia a través de las nuevas tecnologías o con iniciativas ligadas a la economía verde fundamentada en la lucha contra el cambio climático y la importancia de las renovables y la economía circular.
