La exalcaldesa veleña y secretaria general del PSOE de Vélez-Málaga, María Salomé Arroyo, ha informado en rueda de prensa, del archivo por orden judicial de las tres denuncias interpuestas por el anterior alcalde del Partido Popular, Francisco Bonilla, contra ella misma, miembros del consejo de administración y trabajadores de EMVIPSA.
María Salomé Arroyo, acompañada del secretario de organización del PSOE de Málaga, Cristóbal Fernández, y del secretario veleño de política municipal, Víctor González, ha recordado cómo, en abril de 2014, a un año vista de las elecciones municipales, “es cuando Bonilla interpone las tres denuncias, demostrando que calculó y planificó los tiempos de cara a las elecciones municipales de 2015, poniendo en tela de juicio mi gestión como alcaldesa al frente de nuestro Ayuntamiento, con la única intención de dañar a mi partido en los comicios municipales”.
En política no puede o no debe caber todo
La exalcaldesa sentencia con la frase ‘en política no puede o no debe caber todo’ para calificar la actuación de Bonilla, “creo que cuando se comete una ilegalidad hay que denunciarla en el minuto uno, y no esperar tres años para denunciar, lo que me confirma que la finalidad de su actuación era perjudicar a mi partido, el PSOE, y a mi persona; este tipo de actuación tienen que conocerlo los vecinos y vecinas de nuestro municipio”.
La exalcaldesa ha terminado agradeciendo el apoyo de su familia, amigos, compañeros de partido y la ejecutiva provincial socialista
Las tres sentencias de Bonilla demuestran que en la gestión en EMVPSA de Arroyo no se hizo nada ilegal, nada fuera de la ley; solo obedecían a ‘fines electoralistas’. La exalcaldesa y secretaria general socialista ha defendido su honradez “intacta cuando llegué al Ayuntamiento, como la que tengo ahora y la he tenido siempre, por mucho que Bonilla haya tratado de empañarla. Me fui con la cabeza muy alta, he podido equivocarme, pero mi objetivo siempre fue hacerlo lo mejor posible; la justicia ha demostrado una vez más mi inocencia y mi honradez”.
María Salome Arroyo ha exigido a Francisco Bonilla una disculpa pública y que responda con los más de 50.000 euros que les ha costado a los vecinos y vecinas estas denuncias cuando él era alcalde, “es importante que la ciudadanía lo sepa”. La exalcaldesa ha terminado agradeciendo el apoyo de su familia, amigos, compañeros de partido y la ejecutiva provincial socialista.
Por su parte, el secretario de organización del PSOE Málaga, Cristóbal Fernández, ha recordado el apoyo provincial del PSOE Málaga a María Salomé, en el momento de la interposición de las denuncias por Bonilla, “porque estábamos convencidos de que su actuación había sido en todo momento conforme a la legalidad vigente. Ahora con el auto de archivo de estas denuncias, volvemos a apoyar públicamente a nuestra compañera y exalcaldesa socialista”.
Montoro: “Constituyó una herramienta de utilización política electoral para empañar y menoscabar la imagen y el buen nombre de María Salomé y del PSOE de Vélez-Málaga, con el fin de arañar un puñado de votos”
Fernández ha manifestado que con el archivo de estas denuncias se demuestra que no tenían ningún tipo de fundamento, señalando que la denuncia formulada en su día fue una denuncia política y en ningún caso con base jurídica o penal, y que su interposición un año antes de las elecciones municipales 2015 “constituyó una herramienta de utilización política electoral para empañar y menoscabar la imagen y el buen nombre de María Salomé y del PSOE de Vélez-Málaga, con el fin de arañar un puñado de votos”, y resaltando que el sobreseimiento de estas denuncias constituye un ‘varapalo judicial contundente’ para Delgado Bonilla, y le ha exigido que pida públicamente disculpas públicamente a la exalcaldesa socialista así como al resto de personas denunciadas y ha alabado el compromiso social y vocación de servicio público de María Salomé Arroyo, “que siempre ha defendido el interés general de las personas, y sobre todo que es una mujer íntegra, honesta y honrada”.
Víctor González, por su parte, ha relatado la cronología de las denuncias de Bonilla demostrando nuevamente el interés partidista de las mismas, con la contratación de una auditoría de legalidad en 2011 para EMVIPSA, “que casualmente solo auditaba los años de gobierno socialista, de 2009 a junio de 2011, y no la legislatura completa» y de la cual el alcalde no comunicó el resultado, con lo que se realizaron gestiones por parte de González para contactar con el auditor y conocer sus conclusiones que mostraban que “no había ningún motivo para sentar a nadie en el banquillo de los acusados ni nadie se había llevado un euro a su casa». Los informes definitivos de la auditoría, según ha explicado el secretario de política municipal, no fueron presentados al consejo de administración, una vez llegado a EMVIPSA hasta pasado varios meses, tras la insistencia por parte del PSOE.
