Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en las localidades malagueñas de Fuengirola y Estepona -entre los días 18 y 21 de julio- una red dedicada a la comisión de múltiples estafas por un importe total de 200.000 euros, a través de la promoción y venta de terrenos y viviendas. En el operativo han sido arrestados dos hombres y una mujer, todos ellos de nacionalidad española y con edades entre 26 y 57 años, como presuntos responsables de los delitos de asociación ilícita y estafa.
En el operativo policial se han efectuado cinco registros en otros tantos inmuebles y han sido intervenidos numerosos documentos relacionados con las estafas
Además han sido localizadas 21 víctimas en varias provincias del territorio nacional que, mediante engaño, fueron estafadas por este grupo criminal. Igualmente se han practicado cinco registros en inmuebles de Granada y en los municipios malagueños de Marbella, Fuengirola y Benalmádena, siendo intervenida numerosa documentación relacionada con la trama.
Inicio de la investigación
La operación policial se inició en febrero de 2016 con la denuncia de uno de los afectados. En esa denuncia daba cuenta de una presunta estafa por parte de una persona que le vendió unos terrenos -que resultaron no ser de la propiedad del vendedor- y por los que pagó una cantidad a cuenta de 13.818 euros.
Desde ese momento los agentes iniciaron una investigación para identificar al presunto responsable y esclarecer los hechos. Durante las indagaciones localizaron al principal investigado y comprobaron cómo este se dedicaba al negocio inmobiliario mediante la venta de terrenos y viviendas que ofertaba como de su propiedad cuando realmente no lo eran.
Modus operandi
El principal investigado era el administrador único de varias empresas que creó de forma legal para favorecer el entramado inmobiliario. Igualmente se rodeó de personas de prestigio para vender su imagen y, en otros casos, utilizó a personas en situación de exclusión social a los que dio trabajo pero a los que no retribuía económicamente, según las pesquisas.
Los agentes constataron que el principal encartado no escatimó en gastos para desarrollar su entramado delictivo. Así contaba con el asesoramiento de abogados y arquitectos, servicio de chófer y secretaria particular. Además se desplazaba en vehículos de alta gama y alquiló locales comerciales para favorecer la trama.
Los investigadores igualmente confirmaron que el cabecilla de la red tenía una persona de confianza conocedora del negocio inmobiliario y con una amplia cartera de clientes que le ayudaba a cometer los ilícitos, así como una secretaria personal encargada de captar trabajadores y dar apariencia legal al negocio.
Finalmente el operativo policial concluyó el 19 de julio con la detención de tres personas, el principal investigado y las dos personas de su máxima confianza. Las gestiones de investigación han llevado a esclarecer 21 hechos que distintas personas denunciaron en diferentes dependencias policiales de distintas provincias. El beneficio económico obtenido por los detenidos asciende a 200.000 euros.
