Agentes de la Policía Nacional, en el marco de la operación “Campesino”, han detenido a cinco personas -tres hombres y dos mujeres- por su presunta implicación en los delitos de falsedad documental y estafa a través de préstamos personales para la adquisición de vehículos de segunda mano. Entre los arrestados están dos peticionarios que aceptaron la falsificación de sus datos para acceder a los préstamos bancarios. Según las pesquisas, los investigados defraudaron 30.700 euros a dos entidades bancarias de la capital mediante la solicitud de tres préstamos financieros.
Inicio de la investigación
Comenzó a raíz de la denuncia presentada por el director de una entidad bancaria al percatarse de que una persona que hacía de intermediario para su sucursal había solicitado un préstamo para la adquisición de un coche de segunda mano mediante documentación falsa.
Entre los arrestados están dos peticionarios que aceptaron la falsificación de sus datos para solicitar los préstamos
Fruto de las primeras indagaciones la Policía Nacional pudo determinar que todos los documentos eran falsos y que la persona que los presentó había solicitado otros préstamos de similares características en otra entidad bancaria de la capital.
Según fueron avanzando las pesquisas, los agentes descubrieron que tras esta actividad se encontraba una red criminal formada por tres personas, entre ellas el cabecilla de la red –el prestamista-, el intermediario y el vendedor.
El prestamista ofrecía la posibilidad de obtener dinero a un tipo de un interés usurero a personas endeudadas y de escasa solvencia crediticia mediante préstamos personales obtenidos con documentación falsa. Así, y para no exponer su propio capital, falsificaba los cauces legales para acceder a préstamos bancarios. Todo esto a cambio de una contraprestación económica que venía a sustituir los intereses de usura del prestamista sin que, además, este expusiera en ningún momento su dinero.
El principal investigado, para dar apariencia de solvencia al peticionario ante la entidad correspondiente, falsificaba todos los documentos necesarios para avalar la operación, salvando además la valoración de riesgo de la entidad de crédito. Durante los trámites en la entidad financiera, el mediador acompañaba en todo momento al peticionario para dirigir su actuación.
Una vez otorgado el crédito, la transferencia destinada al pago del vehículo era ingresada en la cuenta corriente del “vendedor” que, inmediatamente después de recibir el importe por la falsa venta, lo extraía en su totalidad y lo entregaba a la red a cambio de un porcentaje económico.
