
El mundo de la marginalidad, aquel que todavía suele acudir antes a una institución católica que a una ventanilla de las diversas administraciones, por algo será, tienen necesidades perentorias que deberían ser un reclamo prioritario para nuestras conciencias y para las decisiones políticas. Por desgracia, la disparidad entre ricos y pobres se ha hecho más evidente e inquietante, también en nuestro entorno más próximo. Hay gente que vive en la exclusión y gente que vive en el lujo, y hay barrios en los que se alza el poderío y polígonos en los que lo único que se alza es la miseria. La pobreza y un estilo de vida consumista existen uno junto al otro, pero no cohabitan. Una línea invisible separa muchas de nuestras sociedades y barrios. A veces, hasta la calidad de los servicios ofrecidos por las mismas autoridades varía enormemente. Qué casualidad, casi siempre los peor asistidos suelen ser los más necesitados.
Si la libertad de conciencia y de creencias es un elementos esencial de la democracia, que persisto ya lo tenemos garantizado, igualmente han de serlo otros derechos debilitados. Hablo del derecho a la vida, por ejemplo, donde España es el país de la Unión Europea en el que más sube el aborto en los últimos diez años (un 99%). Asimismo diversos informes revelan que las torturas, tratos inhumanos o degradantes, en nuestro país no son casos aislados. El incremento de bandas de crimen organizado en no pocas ocasiones pone en entredicho la seguridad ciudadana. Todos estos desajustes también rebajan liberaciones. Todo ello no deja de poner una grave interrogación en nuestro camino que, se acrecienta aún más, cuando ves que poco importan las libertades individuales frente a las exigencias económicas.
Pero todavía hay otro plus, si queremos hablar de libertad religiosa. Nos recuerda la constitución que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación, citando expresamente, a la Iglesia Católica. Empeñarse, pues, en apartar a los ciudadanos de profesar la religión, aparte de ser anticonstitucional, aprisiona libertades y sería mezquino. En cualquier caso, si hay que afanarse en la libertad religiosa que lo sea, que ya lo es, pero también en el respeto debido a los sentimientos religiosos, que esto no siempre lo es.