La disputa dialéctica entre Bonilla y Rincón acaba con la suspensión del Pleno

El Pleno ordinario celebrado ayer en        Vélez-Málaga volvió a convertirse en la mejor adaptación de la obra ‘La metamorfosis de Kafka’. La clase política de este municipio se regocija en la gresca y la descalificación y pierde el norte, entendido como un punto cardinal donde suele residir la cordura representativa. Institucional, se entiende. La enésima salida del tiesto se vivió, precisamente, en una sesión anodina en cuanto a contenidos, ligera de equipaje. Con todo vendido, ya en Asuntos Urgentes, el portavoz del GIPMTM, Manolo Rincón, ya con dos amonestaciones del presidente plenario, Francisco Delgado Bonilla, expresó su disconformidad con el rendimiento laboral de algunos concejales del equipo de Gobierno. “No saben ni pegar un sello”, espetó el polémico edil independentista. El alcalde se encendió y decretó la expulsión de Manolo Rincón del Pleno. Éste se negó a salir, por lo que en un nuevo giro de tuerca Delgado Bonilla envío a la Policía Local presente para desalojarlo. Lo dantesco de la situación no acabó ahí, ya que, finalmente, el presidente optó por disolver la sesión plenaria. Espectáculo bochornoso, y lo peor es que no es la primera vez que ocurre.
De vuelta al Pleno ordinario, pocos asuntos sobre el alero denotaron excesiva relevancia. La construcción de la subestación eléctrica, cuestión cumbre ya aprobada en comisión de Portavoces y de idas y venidas en la última semana fue el primer punto del día en el que los primeros espadas de cada fuerza política entraron al trapo. Tras el cruce de acusaciones entre Delgado Bonilla y el anterior concejal de Urbanismo, José Luis Sánchez Toré, de las fechas pasadas, discrepando acerca de la necesidad de informes de la Junta por un posible riesgo de inundaciones en la zona, el primer paso lo dio Izquierda Unida, que por medio de Salvador Marín enarboló que “el asunto debe ponerse en conocimiento de la Fiscalía. No es posible que cueste 100.000 euros el cerramiento de una parcela y apenas 600.000 el paquete de 16 viviendas y 20 aparcamientos”. En dirección al GIPMTM y al PSOE, apuntó a dar: “Queremos saber que intereses urbanísticos o especulativos hay para paralizar la subestación. La Fiscalía debe decir si hay algo o no”. En la otra cara de la moneda apareció, en toda lógica, el alter ego del izquierdista, Antonio Souviron. “El POTA declaró la zona junto a la depuradora como inundable. Anteriormente existían informes de Medio Ambiente favorables y se aprobó la compra de los terrenos por parte de ENDESA, sin embargo, si el Plan Territorial establece ese dictamen, consideramos imprescindible el visto bueno de la Junta”, expresó el ex alcalde.
A la montura también se subió el edil del GIPMTM, Sánchez Toré, que denunció la intención de “agredir” por parte de Salvador Marín y le invitó a “interponernos una demanda por vía penal” si “encuentra algo irregular”, se lamentó de que “si hubiéramos sido nosotros los responsables de iniciar la subestación, nos habrían tachado de especuladores”. El concejal independentista esgrimió que “pedimos esos informes porque los sectores económicos y ecologistas están preocupados, sólo queremos la  ratificación de que esa superficie no es inundable”.
El único edil del PA y delegado de Urbanismo e Infraestructuras, Claudio Morales, decidió participar y aclaró que “lo aprobado es el proyecto de construcción, no las obras. Tenemos un año para solucionar complicaciones, pedir los informes que hagan falta y obtener la licencia de obras”. Con el terreno preparado por su vicealcalde, Delgado Bonilla remató: “Es una necesidad y está previsto construir en zona inundable, teniendo en cuenta una serie de requisitos en la ejecución de las obras. Además, garantizar el suministro eléctrico es fundamental para la ciudadanía y de cara a albergar el futuro Parque Tecnoalimentario”, zanjó.
La relativa frugalidad de los puntos a debatir se tornó en crispación en Asuntos Urgentes. Ocho trabajadores de Althenia se personaron en la sala para reclamar a la empresa de limpieza el cumplimiento de una resolución judicial que les dio la razón con respecto a irregularidades contractuales. En su día, Althenia modificó el contrato a estos empleados de tiempo parcial a tiempo completo. Sin embargo, la entidad rectificó alegando “un error en el departamento de personal”. Los afectados presentaron una denuncia en virtud a la cual “nosotros firmamos un contrato a tiempo completo y debían cumplirlo”. El litigio se resolvió en favor de los empleados, sin embargo, “la empresa nos envía ahora a Cádiz como represalia en función de limpieza de playas”. Uno de los trabajadores explicó que “hemos presentado una denuncia para que se les obligue a acatar la sentencia, porque esta exige la readmisión dentro del término municipal de Vélez-Málaga”.
Los grupos municipales respaldaron por unanimidad la moción de IU de exigir a Althenia dicha readmisión inmediata dentro de los límites municipales veleños, como así se deduce de la sentencia. Asimismo, se recalcó la inadmisibilidad de esta decisión por parte del Althenia. Inclusive, IU y GIPMTM fueron más allá y reclamaron, en caso de que la empresa no atienda a razones, el rescate del servicio municipal y la municipalización de la limpieza, respectivamente.
La propuesta definitiva para la permuta de las Protegidas también recibió el apoyo unánime de la Corporación. En concreto, se trataba de aprobar la cesión de la parcela del patrimonio municipal de suelo destinada a equipamiento general a Emvipsa, que la trasladará al Ministerio del Interior para la construcción de la futura Comisaría de Policía en Torre del Mar.
En otros frentes del Pleno, fue rechazada la moción del PSOE de retirada o renovación de las 199 banderas de la Avenida de las Naciones. PP, IU y Grupo Mixto sentenciaron. En segundo término se puso sobre la mesa otra propuesta socialista, la colocación de bocas de hidrantes contra incendios en las obras del Arroyo Romero que transcurren por Camino Viejo e Hispanidad y dejar espacio para el soterramiento de contenedores. La moción fue adelante por unanimidad del Pleno.
La nota ociosa de la sesión se escenificó en el traslado de las sesiones ordinarias de los lunes a los jueves (aprobado en comisión). ¿Obligaciones parlamentarias del máximo edil? Seguramente.